CAOS EN SALUD
Por: Uriel Escobar Barrios, M.D. *
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las entidades sobre las cuales recae el aseguramiento de 48 millones de colombianos, les están debiendo actualmente a las instituciones que les prestan servicios para atender a sus usuarios la suma de 5.8 billones de pesos.
Por ejemplo, los afiliados a Cafesalud (la EPS más grande del país, con 6.5 millones de usuarios, en 232 de los 1123 municipios) no están recibiendo atención por falta de pago. La deuda que tiene es de $600.000 millones, lo que para la Contraloría General de la República la hace inviable desde el punto de vista presupuestal.
Esta es la radiografía descarnada que vive el sistema de salud colombiano y que lo tiene al borde del colapso. ¿Qué estará sucediendo con esa bella filosofía en la cual fue incubada la Ley 1751, que concibe la salud no como un servicio, sino como un derecho? ¿Por qué el sistema de salud colombiano fue considerado como el tercero mejor en el mundo, según la revista especializada en turismo International Living?. Al igual que la Ley 100 de 1993, la 1751 tiene una redacción impecable, desafortunadamente se queda en eso: en buenos propósitos, mientras que los males que ha tratado de combatir siguen cada vez más fortalecidos.
Algunos analistas atribuyen la inoperancia del sistema a la falta de recursos; otros, a la corrupción. Pero sin duda, uno de los mayores obstáculos para que los recursos lleguen a los destinatarios -que son los prestadores del servicio, llámense hospitales o clínicas- es la intermediación.
Entonces, ¿por qué no se hace los correctivos correspondientes si el mayor mal ha sido detectado? Sencillo: los intereses que se han creado sobre los 45 billones de pesos anuales que se destinan para el sistema son un botín muy atractivo para quienes ejercen el poder decisorio; por eso es muy poca la importancia que le prestan al beneficio colectivo: en ellos priman sus mezquinas ganancias personales. www.urielescobar.net / Twitter: @urielbarrios16
*Uriel Escobar Barrios, médico psiquiatra. (Esta columna de opinión es responsabilidad directa de su autor)
Por ejemplo, los afiliados a Cafesalud (la EPS más grande del país, con 6.5 millones de usuarios, en 232 de los 1123 municipios) no están recibiendo atención por falta de pago. La deuda que tiene es de $600.000 millones, lo que para la Contraloría General de la República la hace inviable desde el punto de vista presupuestal.
Esta es la radiografía descarnada que vive el sistema de salud colombiano y que lo tiene al borde del colapso. ¿Qué estará sucediendo con esa bella filosofía en la cual fue incubada la Ley 1751, que concibe la salud no como un servicio, sino como un derecho? ¿Por qué el sistema de salud colombiano fue considerado como el tercero mejor en el mundo, según la revista especializada en turismo International Living?. Al igual que la Ley 100 de 1993, la 1751 tiene una redacción impecable, desafortunadamente se queda en eso: en buenos propósitos, mientras que los males que ha tratado de combatir siguen cada vez más fortalecidos.
Algunos analistas atribuyen la inoperancia del sistema a la falta de recursos; otros, a la corrupción. Pero sin duda, uno de los mayores obstáculos para que los recursos lleguen a los destinatarios -que son los prestadores del servicio, llámense hospitales o clínicas- es la intermediación.
Entonces, ¿por qué no se hace los correctivos correspondientes si el mayor mal ha sido detectado? Sencillo: los intereses que se han creado sobre los 45 billones de pesos anuales que se destinan para el sistema son un botín muy atractivo para quienes ejercen el poder decisorio; por eso es muy poca la importancia que le prestan al beneficio colectivo: en ellos priman sus mezquinas ganancias personales. www.urielescobar.net / Twitter: @urielbarrios16
*Uriel Escobar Barrios, médico psiquiatra. (Esta columna de opinión es responsabilidad directa de su autor)
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