EL DOLOR DE MI PATRIA
Por: Uriel Escobar Barrios, M.D. *
Por: Uriel Escobar Barrios, M.D. *
Dabeiba es un bello municipio en el occidente del departamento de Antioquia, a 183 kilómetros de la ciudad capital. Sus 23.044 habitantes viven de la agricultura, la explotación forestal y minera. Como todos los colombianos, ellos sueñan con tener una vida en paz, en donde se pueda rendir tributo a sus ancestros, los catíos, aborígenes que fueron exterminados en sus propias tierras por el cruel afán conquistador de los españoles.
Pero el sueño de los dabeibanos aún está muy lejos. El 9 de diciembre del 2019 la aparente tranquilidad de sus habitantes fue perturbada por la presencia de militares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); en su proceso de colaboración, llegaron al municipio con magistrados de la JEP, funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
El propósito de la visita era verificar una horrorosa tragedia confesada por los militares, que ocurrió entre los años 2005 a 2007: la muerte de por lo menos 75 personas civiles no beligerantes a manos de un batallón de contraguerrillas de la Brigada Móvil XI, proceso que ha sido denominado ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).
Los medios de comunicación han informado profusamente sobre los horrores de los hallazgos y, además, han dado a conocer los dolorosos testimonios de algunos familiares de personas que fueron raptadas en Medellín, uniformadas con prendas de la guerrilla y enterradas, luego de su ejecución, en el cementerio de Las Mercedes.
Lo más asqueroso e inhumano es que fueron presentadas como trofeos de las Fuerzas Militares en su lucha contra la subversión y que cada uno de los militares participantes se hizo acreedor de dádivas como permisos, ascensos y otro tipo de reconocimientos, “por sus buenos servicios a la patria”.
Esta es apenas la punta del iceberg. La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia García, informó que alrededor de 200.000 personas asesinadas en todo el territorio nacional aún no han sido identificadas y que las denuncias por ejecuciones extrajudiciales suman en total 400 personas, ¡en 16 sitios diferentes del país! Y ninguna de estas actuaciones había sido investigada por la justicia.
La patria llora y se desangra por el cruel exterminio al que han sido sometidos tantos compatriotas. ¿Quedarán impunes quienes orquestaron esta ola de asesinatos? Lo mínimo que se puede esperar es que se haga justicia y se honre la memoria de estos colombianos. Que así sea.
Pero el sueño de los dabeibanos aún está muy lejos. El 9 de diciembre del 2019 la aparente tranquilidad de sus habitantes fue perturbada por la presencia de militares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); en su proceso de colaboración, llegaron al municipio con magistrados de la JEP, funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
El propósito de la visita era verificar una horrorosa tragedia confesada por los militares, que ocurrió entre los años 2005 a 2007: la muerte de por lo menos 75 personas civiles no beligerantes a manos de un batallón de contraguerrillas de la Brigada Móvil XI, proceso que ha sido denominado ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).
Los medios de comunicación han informado profusamente sobre los horrores de los hallazgos y, además, han dado a conocer los dolorosos testimonios de algunos familiares de personas que fueron raptadas en Medellín, uniformadas con prendas de la guerrilla y enterradas, luego de su ejecución, en el cementerio de Las Mercedes.
Lo más asqueroso e inhumano es que fueron presentadas como trofeos de las Fuerzas Militares en su lucha contra la subversión y que cada uno de los militares participantes se hizo acreedor de dádivas como permisos, ascensos y otro tipo de reconocimientos, “por sus buenos servicios a la patria”.
Esta es apenas la punta del iceberg. La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia García, informó que alrededor de 200.000 personas asesinadas en todo el territorio nacional aún no han sido identificadas y que las denuncias por ejecuciones extrajudiciales suman en total 400 personas, ¡en 16 sitios diferentes del país! Y ninguna de estas actuaciones había sido investigada por la justicia.
La patria llora y se desangra por el cruel exterminio al que han sido sometidos tantos compatriotas. ¿Quedarán impunes quienes orquestaron esta ola de asesinatos? Lo mínimo que se puede esperar es que se haga justicia y se honre la memoria de estos colombianos. Que así sea.
www.urielescobar.net / Twitter: @urielbarrios16
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