Así lo estableció la Ley 2097 del 02 de julio de 2021, con la cual se busca que personas naturales o jurídicas se encuentren a paz y salvo con sus cuotas alimentarias. Es decir, que aplica para quienes se encuentren en mora a partir de tres cuotas sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, bien sea en conciliación o cualquier título ejecutivo que contenga las obligaciones de carácter alimentario.
El secretario jurídico de Dosquebradas, José Iván González Arias, explicó que este será un nuevo requisito para vincularse con el Estado, y agregó que “el deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones. Esta inhabilidad aplica también para quien actúe como representante legal de la persona jurídica. Así mismo, si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones hasta tanto se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará los derechos de defensa y debido proceso.”
Finalmente, añadió que aparecer en el listado de morosos tendrá otras consecuencias con entidades bancarias, no podrá salir del país, ni enajenar bienes muebles, entre otras.
A la fecha, el Gobierno Nacional está definiendo cuál será la entidad encargada de expedir el certificado, que será gratuito y comenzará a exigirse en aproximadamente seis meses.
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