El negocio del edificio de la Contraloría General de la República

Carlos A. Crosthwite

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite F.

El 19 de diciembre de 2020, la sociedad inmobiliaria Grupo Rivera, adquirió a BANCOLOMBIA un inmueble abandonado denominado Edificio Maraya, ubicado en sector residencial de Maraya por $3.200 millones; posteriormente el 24 de enero de 2021 mediante oficio expedido por nivel central de la

Contraloría General de la República (CGR), y radicado el 26 de enero ante la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), la CGR autorizó que se adelantara con esta constructora la compra y terminación del edificio para destinarlo a la Gerencia Departamental de la CGR.

La negociación se cerró en $12.157 millones, el valor del edificio se tasó en $5.185 millones. La propuesta Técnico– Económica para la venta y terminación del edificio, fue presentada por el Grupo Rivera el día 25 de enero, es decir que la CGR autorizó la negociación antes de llegar la oferta. Solo hasta el 1 de febrero de 2021 se presentaron los estudios previos.

Mediante oficio del 5 de febrero de 2021, la Subdirectora de Estudios y Ejecución de proyectos de la ANIM, Claudia Lucía Rincón Díaz, señaló las siguientes advertencias alrededor de la propuesta previamente aprobada por la CGR: “(...) no se puede evidenciar y clarificar su costo real ni garantizar realmente la entrega de un proyecto terminado que cumpla con todos los requerimientos para un adecuado funcionamiento de la CGR”, y “en resumen, la propuesta de construcción del proyecto no se garantiza con esta propuesta y no es claro el cronograma de ejecución menos de especificaciones para la construcción de los mismos (...)”. Pero el 11 de febrero cambia de apreciación y emite oficio con concepto técnico viable para la compra del inmueble.

Este fue un negocio sin lugar a duda leonino para el patrimonio público, pero el más rentable y ventajoso para una de las partes intervinientes. Una edificación abandonada, que durante algún tiempo sus dueños iniciales la estuvieron ofreciendo por un valor de rescate. Después aparece el 19 de diciembre de 2020 comprado en $3.200 millones y luego en marzo de 2021 prometido para ser transferido por Grupo Rivera a la CGR en $5.185 millones, pero meses atrás ya habían amarrado la compra.

El avalúo lo ejecutó el IGAC a través de un contratista, a iniciativa del Grupo Rivera, pero sin que mediara un contrato de promesa de compraventa con Bancolombia y sin que nadie lo controvirtiera una vez se arrojó el valor del avalúo, un procedimiento señalado como ilegal por el mismo Consejo de Estado en fallo de una adquisición similar.

Posteriormente adjudicaron a dedo al mismo vendedor la terminación de la obra blanca por $7.250 millones, sin cantidades y sin precios unitarios, siéndole además canceladas actividades incluidas en el avalúo correspondientes al edificio sin terminar, hasta la interventoría se la pagaron al contratista. El Plan de Ordenamiento Territorial prohíbe ese uso del suelo en ese sitio para la actividad institucional, pero una sola carta de una funcionaria subalterna de Planeación lo autorizó, pasando por encima del acuerdo municipal. Este tipo de procesos contractuales es normal en este país corrupto hasta los tuétanos.

En defensa de la moralidad administrativa un grupo de organizaciones y personas presentamos una acción popular por los sobrecostos presentados en la compra y terminación de esta edificación. Corrido casi un año de presentado y admitido este medio procesal con solicitud de medida cautelar de urgencia, el Magistrado Leonardo Rodríguez Arango, asignado por reparto para sustanciar esta acción popular en el Tribunal Contencioso Administrativo, dilata injustamente los tiempos preferenciales de este mecanismo constitucional que ha sido contemplado para la protección eficaz de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público y ello obedeció a que negó inexplicablemente medidas cautelares de suspensión del contrato celebrado por el Grupo Rivera y la ANIM, el cual ya fue liquidado en julio de este año y además, porque acabó dilatando por 10 meses el resolver un recurso de la defensa de la CGR y ANIM contra el auto admisorio, dándole un trato ordinario a un procedimiento que es especial y preferencial.

En suma, de lo anterior y más grave aún, es el que no se cuenta ni siquiera con la programación de la fecha para llevar a cabo la audiencia de pacto por cumplimiento, y que producto de un error procedimental (por no vincular a todos los terceros interesados), el Magistrado Rodríguez Arango, debió retrotraer el proceso de nuevo a hasta la admisión. Nos preguntamos entonces: ¿Cuál es el mecanismo pronto y eficaz que podemos utilizar entonces los ciudadanos para defender el patrimonio público y defendernos de los corruptos que acechan en cualquier entidad pública? No más desidia.