Risaralda destruye 3 toneladas 860 kilogramos de licor adulterado y cigarrillo de contrabando

Foto: Gobernación de Risaralda

 La empresa RH S.A.S. E.S.P. fue la responsable de la recolección, embalaje y transporte hasta el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca para la destrucción de las especies rentísticas aprehendidas en  Risaralda.  

Un total de 164.452 unidades aproximadamente de mercancía ilegal, representadas en 1.001 botellas de licor adulterado, fraudulento y de contrabando, 431 botellas de cerveza de contrabando y fraudulentas, varias pimpinas con 20.000 litros de alcohol y, 163.020 unidades de cigarrillos de contrabando, la cual pesó 3 toneladas 860 kilogramos, fueron entregadas por la Secretaría de Hacienda de Risaralda a través de su Dirección de Fiscalización, a la empresa RH S.A.S. E.S.P., especializada en destrucción, manejo de residuos y manejo ambiental de este tipo de productos.

En el informe de destrucción realizado por la Dirección de Fiscalización, se deja claridad que la mercancía destruida era del año 2022 y 2023 y fue aprehendida en diferentes establecimientos de comercio ubicados en los 14 municipios del departamento, producto de las más de 12 visitas realizadas en esos dos periodos de tiempo mencionados, destacando las 7.906 visitas que ha realizado el equipo operativo de la Secretaría de Hacienda durante el 2023.

“Hay un aspecto importante de esta destrucción, y tiene que ver con el cuidado de la salud de los risaraldenses, ya que se evitó, que más de 80.000 personas hubieran corrido el riesgo de haber perdido su visión o la vida, de haber ingerido el contenido de las 1.001 botellas de licor adulterado y fraudulento aprehendido”, expresó el secretario de Hacienda de Risaralda, Jorge Alexis Mejía Bermúdez.

“Invitamos a la ciudadanía a comprar licor en establecimientos reconocidos, y a revisar muy bien las botellas que compran, que no tengan rastros de uso, o partículas en suspensión”, dijo la directora de Fiscalización de Risaralda, Cruz Mary Galvis Ríos.

Se debe recordar que, los recursos que se dejan de percibir por los delitos de la venta de licor y cigarrillo ilegal, son dineros que no se pueden invertir en programas sociales, en infraestructura educativa, deportiva y de salud, entre otros.