¡Tome nota! Le contamos cómo puede vigilar los contratos públicos de su ciudad y municipio

Ilustración

En 2024 (cifras oficiales más recientes), el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ubicó a Colombia con apenas 39 puntos sobre 100, lo que lo llevó al puesto 92 entre 180 países evaluados, reflejando un retroceso en la lucha contra este flagelo. 

A esto se suma que, entre 2016 y 2024, se

documentaron 1.243 casos relacionados con malos manejos, apropiación y desviación de recursos públicos, entre otras conductas ilegales, que representaron pérdidas superiores a $21,28 billones, impactando directamente a más de 14,5 millones de ciudadanos. Estos indicadores evidencian que la vigilancia ciudadana ya no es solo un acto de participación, sino una necesidad urgente.

Durante años, la contratación pública fue considerada un tema reservado para funcionarios y expertos en jurisprudencia. Sin embargo, el acceso a plataformas digitales y leyes que respaldan el derecho a la información han abierto la puerta para que cualquier persona pueda consultar, entender y denunciar irregularidades en el uso de los recursos públicos. Al respecto, Gabriel Calvo Quintero, docente de la Especialización en Contratación Pública de Areandina, seccional Pereira, explica con claridad: “La tecnología ha democratizado el acceso a la información pública. Hoy no se necesita ser abogado para ejercer control ciudadano”.

Cuatro herramientas que permiten hacer este trabajo fácil y sin ser abogado  

1. Plataformas oficiales como SECOP I y SECOP II: Ambas pertenecen a Colombia Compra Eficiente. La primera, facilita consultar información clave como pliegos de condiciones, estudios previos y contratos firmados. La segunda, sirve para revisar por internet todo el expediente contractual, desde la convocatoria hasta la liquidación.

“Así, con solo unos clics, se puede buscar por nombre de entidad (como una alcaldía), filtrar por fechas, tipos de contrato y estados del proceso (abierto, adjudicado, cerrado) y conocer qué se contrató, con quién y en qué condiciones”, dice el docente de Areandina.

2. Otros recursos clave a tener en cuenta: Existen opciones complementarias como el Mapa de Inversiones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que permite geolocalizar proyectos en ejecución en cada municipio; y SIA Observa, del control fiscal, que emite alertas sobre contratos con riesgo de pérdida de recursos.

3. No olvide el mecanismo de las veedurías ciudadanas: Esta figura, respaldada por la Ley 850 de 2003, facilita a los ciudadanos organizarse formalmente para vigilar proyectos específicos. “Que una persona vigile un contrato no es una carga, es un derecho y una herramienta poderosa contra la corrupción”, resalta Calvo.

Entre las señales de alerta que toda persona debe reconocer a tiempo para saber si un contrato público puede tener o no irregularidades, sobresalen:

·  Un único proponente, es un indicador de barreras en el proceso; plazos demasiado cortos, indica una barrera poco ética para la competencia; adiciones de tiempo o dinero sin justificación, por lo general esconden sobrecostos; contratistas repetitivos, señalan serios vicios que ponen en evidencia una concentración indebida; y cambios no explicados en el objeto contractual son, a menudo, una bandera roja.

Cuando se detecta una irregularidad, el siguiente paso es denunciar

Una vez identificado un posible caso sospechoso, el ciudadano puede recopilar pruebas como documentos descargados de SECOP, fotografías, correos electrónicos o capturas de pantalla. Luego, debe redactar una denuncia clara, cronológica y sustentada, y enviarla a los canales oficiales de la Procuraduría General, Contraloría General o Fiscalía General de la Nación. Estas entidades cuentan con portales virtuales que facilitan el trámite y permiten hacer seguimiento a través de un número de radicado.

Finalmente, organismos internacionales, entre ellos la OCDE, han destacado que la participación activa de la sociedad civil es uno de los mecanismos más eficaces para prevenir el desvío de fondos públicos. En el caso colombiano, la esta vigilancia también fortalece los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, que busca gobiernos más abiertos, participativos y responsables. “Recuerde, el cambio real empieza por usted. Un clic puede hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción”, concluye el docente de Areandina.

En 2024 (cifras oficiales más recientes), el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ubicó a Colombia con apenas 39 puntos sobre 100, lo que lo llevó al puesto 92 entre 180 países evaluados, reflejando un retroceso en la lucha contra este flagelo. A esto se suma que, entre 2016 y 2024, se documentaron 1.243 casos relacionados con malos manejos, apropiación y desviación de recursos públicos, entre otras conductas ilegales, que representaron pérdidas superiores a $21,28 billones, impactando directamente a más de 14,5 millones de ciudadanos. Estos indicadores evidencian que la vigilancia ciudadana ya no es solo un acto de participación, sino una necesidad urgente.

Durante años, la contratación pública fue considerada un tema reservado para funcionarios y expertos en jurisprudencia. Sin embargo, el acceso a plataformas digitales y leyes que respaldan el derecho a la información han abierto la puerta para que cualquier persona pueda consultar, entender y denunciar irregularidades en el uso de los recursos públicos. Al respecto, Gabriel Calvo Quintero, docente de la Especialización en Contratación Pública de Areandina, seccional Pereira, explica con claridad: “La tecnología ha democratizado el acceso a la información pública. Hoy no se necesita ser abogado para ejercer control ciudadano”.

Cuatro herramientas que permiten hacer este trabajo fácil y sin ser abogado  

1. Plataformas oficiales como SECOP I y SECOP II: Ambas pertenecen a Colombia Compra Eficiente. La primera, facilita consultar información clave como pliegos de condiciones, estudios previos y contratos firmados. La segunda, sirve para revisar por internet todo el expediente contractual, desde la convocatoria hasta la liquidación.

“Así, con solo unos clics, se puede buscar por nombre de entidad (como una alcaldía), filtrar por fechas, tipos de contrato y estados del proceso (abierto, adjudicado, cerrado) y conocer qué se contrató, con quién y en qué condiciones”, dice el docente de Areandina.

2. Otros recursos clave a tener en cuenta: Existen opciones complementarias como el Mapa de Inversiones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que permite geolocalizar proyectos en ejecución en cada municipio; y SIA Observa, del control fiscal, que emite alertas sobre contratos con riesgo de pérdida de recursos.

3. No olvide el mecanismo de las veedurías ciudadanas: Esta figura, respaldada por la Ley 850 de 2003, facilita a los ciudadanos organizarse formalmente para vigilar proyectos específicos. “Que una persona vigile un contrato no es una carga, es un derecho y una herramienta poderosa contra la corrupción”, resalta Calvo.

Entre las señales de alerta que toda persona debe reconocer a tiempo para saber si un contrato público puede tener o no irregularidades, sobresalen:

·  Un único proponente, es un indicador de barreras en el proceso; plazos demasiado cortos, indica una barrera poco ética para la competencia; adiciones de tiempo o dinero sin justificación, por lo general esconden sobrecostos; contratistas repetitivos, señalan serios vicios que ponen en evidencia una concentración indebida; y cambios no explicados en el objeto contractual son, a menudo, una bandera roja.

Cuando se detecta una irregularidad, el siguiente paso es denunciar

Una vez identificado un posible caso sospechoso, el ciudadano puede recopilar pruebas como documentos descargados de SECOP, fotografías, correos electrónicos o capturas de pantalla. Luego, debe redactar una denuncia clara, cronológica y sustentada, y enviarla a los canales oficiales de la Procuraduría General, Contraloría General o Fiscalía General de la Nación. Estas entidades cuentan con portales virtuales que facilitan el trámite y permiten hacer seguimiento a través de un número de radicado.

Finalmente, organismos internacionales, entre ellos la OCDE, han destacado que la participación activa de la sociedad civil es uno de los mecanismos más eficaces para prevenir el desvío de fondos públicos. En el caso colombiano, la esta vigilancia también fortalece los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, que busca gobiernos más abiertos, participativos y responsables. “Recuerde, el cambio real empieza por usted. Un clic puede hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción”, concluye el docente de Areandina.