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| Carolina Giraldo, congresista de Risaralda |
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero, denunció lo que sería el mal manejo de recursos públicos destinados a un proyecto de vivienda en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, que terminó con promesas incumplidas, casas demolidas y más de $1.300 millones de pesos de anticipos enredados.
En el año 2023, el proyecto prometía viviendas dignas para 18 familias vulnerables del municipio, con una asignación de casi $3 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, es decir, presupuesto público. Sin embargo, solo se alcanzaron a construir 4 viviendas, tan mal ejecutadas que tuvieron que ser demolidas antes de ser terminadas, por orden del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al evidenciarse graves fallas constructivas.
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| Fotos: prensa Carolina Giraldo |
El contrato de obra, por más de $2.700 millones de pesos, fue suscrito entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S., seleccionada mediante invitación privada. A esta firma se le entregó un anticipo del 50%, es decir, alrededor de $1.350 millones de pesos, pero según información oficial, lo construido sólo costó $150 millones.
Según la Representante, la empresa Inprosos S.A.S. habría incurrido en las siguientes presuntas irregularidades:
- Desconocer los estudios y diseños técnicos acordados.
- Presentar fallas estructurales en la construcción y utilizar materiales de baja calidad.
- Recibir recursos públicos sin que la póliza de estabilidad de obra cumpliera con los requisitos establecidos.
Adicionalmente, Giraldo afirma que no existió un mecanismo claro para seleccionar a los beneficiarios de las viviendas, pues no existe listado alguno ni criterios de caracterización y elegibilidad por parte del DNP o el municipio.
Como resultado, las viviendas fueron demolidas, y a pesar de los reiterados requerimientos del DNP y del ejecutor Fonpacífico, para que el contratista Improsos SAS devolviera el anticipo, no lo hicieron. Esto llevó a que en enero de 2025 se declarara formalmente el incumplimiento del contrato y se pidiera a la aseguradora del mismo responder por los recursos.
Frente a esta situación, la representante Giraldo solicitó a la aseguradora confirmar si ya realizó el desembolso correspondiente a los $1.359 millones del anticipo, y pidió a Fonpacífico informar si dichos recursos fueron efectivamente recuperados.
“La pregunta es clara: ¿La empresa devolvió los $1.359 millones del anticipo o tuvo que responder la aseguradora? Porque si no fue así, esos $1.359 millones se embolataron”, señaló Giraldo.
La congresista también denunció que este caso sería un ejemplo de cómo operan los llamados “contrataderos”, figuras como estos fondos míseros que esquivan el Estatuto General de Contratación Pública y dificultan la vigilancia ciudadana. “Es un ecosistema perfecto para la corrupción”, advirtió.
Ante este panorama, Giraldo anunció que está poniendo estos hechos en conocimiento de los entes de control y que, junto al representante Cristian Avendaño, impulsa un proyecto de ley para acabar con los contrataderos.
“La plata pública es sagrada, no de privados que incumplen. Pongo los hechos en conocimiento de los entes de control porque las familias de Pueblo Rico que esperaban una casa merecen respuestas, y lo mínimo es que se garantice que esto no vuelva a repetirse y saber si habrá otro proyecto de vivienda”, concluyó la representante.
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Dios mío, qué infamia. Cómo se roban la plata para las casitas de las personas más necesitadas. Ojalá que la investigación avanc
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