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| Foto: Gobernación de Risaralda |
El Primer Comité Departamental del año permitió evaluar avances, identificar retos y establecer compromisos para garantizar la prevención del delito, la justicia restaurativa y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Gobierno Departamental, lideró el Primer Comité Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), un espacio de alto nivel institucional en el que se evaluaron los resultados del Plan de Acción 2024–2025 y se trazaron los lineamientos para la construcción del Plan de Acción 2026–2027.
El secretario de Gobierno, Israel Londoño, en su calidad de presidente del Comité, destacó la importancia de esta instancia a nivel departamental y nacional, al contar con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de Infancia y Adolescencia, así como con la presencia del Procurador Judicial de Familia.
“Muy agradecidos con todos los integrantes del comité de responsabilidad penal para adolescentes, que es un programa que busca incorporar a la vida legal a los jóvenes que en algún momento tuvieron algunas fallas de comportamiento o algunas sanciones de tipo judicial o penal. Informar que el gobernador Juan Diego Patiño autorizo un convenio que desde ya entra en vigencia por más de 100 millones de pesos para ejecutar a través de operador Fundación Hogares Claret en los programas que se van a desarrollar en el centro de resocialización y educación Marceliano Ossa en la vereda la Siria corregimiento de Combia”, señaló el secretario de Gobierno.
Asimismo, indicó que este Comité es un escenario de alta relevancia institucional, donde se toman decisiones que impactan directamente la vida de niños, niñas y adolescentes; por ello, la articulación entre todos los actores es fundamental para avanzar en prevención, justicia restaurativa y garantías de derechos.
Durante la sesión se socializó el balance del Plan de Acción 2024–2025, el cual fue reportado oportunamente al Ministerio competente, identificando avances significativos y retos que servirán de insumo para la nueva vigencia. Se informó, además, que el Plan de Acción 2026–2027 deberá quedar formulado, validado y aprobado a más tardar el 31 de marzo, en cumplimiento de la normatividad vigente.
PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA RESTAURATIVA, EJES ESTRATÉGICOS
Uno de los principales énfasis del Comité fue el fortalecimiento de la línea de Diseño de política pública y prevención del delito – Más Futuro Seguro, articulando acciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con los comités departamentales de Lucha contra la Trata de Personas y Lucha contra las Drogas, especialmente desde el enfoque juvenil.
En este contexto, se resaltó el contrato suscrito entre la Secretaría de Gobierno Departamental y el operador Hogares Claret, que permitirá desarrollar acciones de prevención del delito en cinco municipios, beneficiando a 30 jóvenes, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia, Comisarías de Familia y Secretarías de Gobierno municipales.
Asimismo, se anunció el fortalecimiento de la Justicia Restaurativa mediante la articulación con el sector salud, el Comité Departamental de Drogas y la proyección de un clúster de servicios restaurativos, como respuesta a los requerimientos de jueces y operadores del sistema.
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
En la línea de Sistema de Información y Gestión del Conocimiento se identificaron retos importantes, por lo cual se programó una jornada técnica interinstitucional para el próximo 2 de marzo, con participación del ICBF, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Gobernación de Risaralda y la Dirección de Políticas Públicas, con el objetivo de ajustar la herramienta de seguimiento del sistema. Esta experiencia podría convertirse en un piloto a nivel nacional.
En cuanto a la Atención Integral, se ratificó el compromiso de articular a jueces, defensores de familia, operadores y entidades territoriales para garantizar una atención integral no solo a los adolescentes, sino también a sus familias.
La directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Jenny Viviana Enríquez Chaves, en su calidad de secretaría técnica del Comité, presentó el panorama actual del sistema en el departamento para la vigencia 2026. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes atiende a 74 usuarios distribuidos en varios municipios de Risaralda, lo que exige fortalecer la atención integral, la prevención y los procesos restaurativos, siempre con enfoque de derechos.
“La importancia de este comité es que estamos trabajando en torno a los adolescentes que tenemos en el municipio, es entablar ya nuestro cronograma y las mesas de trabajo año 2026-2027 que es fundamental para el desarrollo de la política pública y como vamos trabajar en el tema de responsabilidad adolescente con las diferentes instituciones”, indicó la funcionaria.
NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Durante el Comité se identificaron necesidades prioritarias del sistema, entre ellas el mantenimiento correctivo y preventivo del circuito cerrado de televisión, mejoras en infraestructura, adecuación de espacios y fortalecimiento de proyectos productivos y de emprendimiento como VUELTA, Semillas de Paz y Amasando por la Vida, dirigidos especialmente a jóvenes.
También se destacó el proyecto cultural y ciudadano “Conociendo los espacios de mi ciudad”, orientado a promover nuevas formas de convivencia y apropiación positiva del entorno urbano, así como el mantenimiento preventivo de los centros de interés en áreas como panadería, ebanistería, música, pintura y sublimación.
Finalmente, se reconoció el compromiso de varios municipios que adelantaron inversiones para la vigencia 2026, lo que permitirá iniciar acciones desde el comienzo del año y fortalecer de manera oportuna el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Risaralda, consolidando un enfoque preventivo, restaurativo y de corresponsabilidad institucional.
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