Dosquebradas impulsará proyecto de ley para ‘frenar’ piques ilegales

Foto: Alcaldía de Dosquebradas

La propuesta incluye un llamado a instalar mesas técnicas con participación de autoridades locales, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Congreso de la República, con el fin de evaluar una ruta normativa en todo el país.

Seguramente ha escuchado hablar de los ‘piques ilegales’ en el bus, en la calle, en la tienda o en los medios de comunicación, e incluso puede haber sentido de cerca sus consecuencias. Lo que durante años se movió entre la clandestinidad y cierta tolerancia social hoy ocupa un lugar cada vez más visible en la conversación pública por sus efectos sobre la seguridad, la convivencia y la vida.

Y no es para menos. Estas prácticas han convertido las vías en escenarios de alto riesgo, donde la velocidad y las maniobras extremas no solo comprometen a quienes participan, sino también a peatones, motociclistas, conductores y familias enteras. Los titulares de prensa lo han venido mostrando en distintas regiones del país, incluido el Eje Cafetero, donde ciudades como Dosquebradas y Pereira también han sentido el impacto de un fenómeno que dejó de ser marginal para convertirse en una preocupación real.

Ese cambio de mirada también tiene un sustento institucional. Hoy los siniestros viales son entendidos como un asunto de salud pública por el daño humano, social y económico que producen. En esa lectura, los piques ilegales aparecen como una de las formas más agresivas de conducción de riesgo, casi siempre acompañada de excesos de velocidad y maniobras peligrosas que elevan la probabilidad de tragedia.

Además, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado la accidentalidad vial como un problema de salud pública global, con más de 1,19 millones de muertes anuales. En Colombia, el Ministerio de Salud ha adoptado esta misma clasificación, lo que obliga a un abordaje integral.

Aunque esa es una mirada global, el problema también se refleja en hechos y cifras registradas en distintas zonas del país. En Antioquia, por ejemplo, se reportaron 489 siniestros viales entre enero de 2025 y enero de 2026, con 302 motociclistas lesionados y 12 fallecidos. En Valle del Cauca, las competencias irregulares dejaron 7 muertes durante 2024. En la Costa Caribe, un solo evento ocurrido en octubre de 2025 dejó 3 personas fallecidas, mientras que, en Tolima, en enero de 2026, dos jóvenes fueron asesinados en el contexto de ‘piques ilegales’ en la vía al aeropuerto de Ibagué. Este panorama deja claro que no se trata de una conducta menor ni de una infracción sin consecuencias, sino de una práctica que exige respuestas más sólidas desde la prevención, la pedagogía y la ley.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles del debate. En Colombia no existe hoy un tipo penal específico para los llamados piques ilegales. Esa ausencia, según advierte la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, limita la capacidad de las autoridades para actuar con mayor contundencia frente a una conducta que claramente pone en riesgo la vida.

“Si revisamos la legislación actual con la que contamos en el país, para atenuar esta situación se puede decir que existen normas de tránsito como la Ley 769 de 2002, que contempla sanciones administrativas por conducción peligrosa y exceso de velocidad. Sin embargo, no existe tipificación autónoma de los ‘piques ilegales’. Desde el Derecho Penal, los hechos pueden encuadrarse en homicidio culposo, lesiones personales culposas o delitos conexos. No obstante, la ausencia de un tipo penal específico dificulta la acción preventiva y sancionatoria. Y para finalizar, el Derecho Administrativo y Constitucional, el cual, permite a los municipios y departamentos tener competencias para implementar planes de seguridad vial, operativos de control y campañas educativas, se queda corta, porque llega hasta el ámbito pedagógico. Por tal razón, la creación de un tipo penal corresponde al Congreso, que permita a los entes territoriales fortalecer medidas administrativas inmediatas", comentó Yeison Palacio, secretario de Tránsito de Dosquebradas.

A partir de ese análisis, desde el municipio industrial se ha elevado un llamado al Gobierno Nacional y a la clase parlamentaria del país para abrir una discusión técnica que permita revisar la viabilidad de un proyecto de ley enfocado en tipificar penalmente esta práctica. La intención no es reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió, sino construir herramientas jurídicas más claras para prevenir y sancionar con mayor eficacia.

Por eso, la Secretaría de Tránsito y Movilidad propone que sea precisamente desde el municipio donde se impulsen mesas técnicas de revisión, con participación de autoridades locales y nacionales. La idea es que el debate se construya con sustento, información y análisis, y no solo desde la reacción coyuntural frente a un hecho lamentable.

“Dosquebradas, actualmente es pionero en procesos de recopilación y análisis de información técnica sobre comportamientos viales, por eso proponemos iniciar mesas técnicas con participación de autoridades locales, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Congreso de la República. Con el objetivo de evaluar la viabilidad de un proyecto de ley que tipifique penalmente los piques ilegales, garantizando proporcionalidad, respeto a derechos fundamentales y eficacia en la prevención en todo el país”, expresó Palacio.

Cabe destacar que mientras esa discusión toma forma en el escenario nacional, el municipio ya avanza en acciones de mitigación orientadas a fortalecer la seguridad en las vías. El ente municipal ha venido desarrollando operativos con apoyo de la Policía Nacional y de cámaras de seguridad, en una estrategia que busca contener estos comportamientos y reforzar la vigilancia en puntos críticos.

A ello se suman otras medidas que ya se contemplan o empiezan a proyectarse, entre ellas sanciones administrativas más severas, como la suspensión de licencias, la inmovilización de vehículos reincidentes y multas progresivas. También se plantea el desarrollo de campañas educativas en colegios y universidades sobre los riesgos de esta práctica, así como la articulación de observatorios locales de movilidad para recopilar datos oficiales que respalden la formulación de la norma.

En el fondo, lo que se está advirtiendo desde el Municipio Industrial es que este fenómeno no puede seguir leyéndose como una simple imprudencia o como una conducta aislada de algunos actores viales. Los ‘piques ilegales’ comprometen la seguridad colectiva, deterioran la convivencia y convierten el espacio público en un lugar de amenaza para todos. Por eso, la discusión ya no debería limitarse a la sanción administrativa o al llamado pedagógico. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para anticiparse a una práctica que, cuando estalla, casi siempre deja consecuencias irreversibles.

Hoy, el municipio insiste en que este fenómeno necesita un freno más fuerte. No solo en las calles, con operativos y controles, sino también en la ley, con herramientas más claras y contundentes. La propuesta ya está sobre la mesa. El reto ahora es que esa advertencia no llegue tarde.

Dosquebradas ha sido destacado en escenarios nacionales por su trabajo en seguridad vial. Uno de esos reconocimientos se dio en el Congreso de Fedemunicipios, donde el municipio socializó prácticas pedagógicas orientadas a la prevención y la formación ciudadana en las vías.