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| Foto archivo: Alcaldía de Pereira |
Por Humberto Tobón*
“La mayoría de los edificios que se cayeron durante este terremoto, los habíamos revisado en 1999. Hicimos precisiones y recomendaciones que en
general no se acataron por parte de los propietarios ni se hicieron cumplir por las autoridades. Consideraron que los costos eran muy altos y no había cómo pagarlos. Muchos propietarios prefirieron realizar retoques en la estructura y usaron pintura para ocultar los daños. Ahora se están viendo las consecuencias”. Esta es la declaración de un reputado ingeniero pereirano, quien ayudó a evaluar el estado de las edificaciones hace 27 años. |
| Humberto Tobón |
Y de sobremesa agregó que “en muchas de las construcciones que se derrumbaron ahora, no solo no hicieron las reparaciones, sino que le pusieron más peso, agregándoles más pisos a los edificios”.
Un periodista que cubrió la noticia del terremoto de 1999 recuerda que vio cómo muchas de las 20.000 edificaciones que se cayeron o sufrieron daños, eran casas de dos o tres pisos, donde la parte superior estaba construida en ladrillos y la de abajo en bahareque.
La enseñanza que deja esta tragedia es que la gente no valora responsable y éticamente el riesgo de sus actuaciones. Muchos constructores desarrollan sus proyectos sin atender completamente los requerimientos de las normas de sismorresistencia. Los curadores urbanos son laxos en la aprobación de las licencias en terrenos no aptos. Los gobiernos locales no hacen el seguimiento respectivo al cumplimiento de los reglamentos. En general, hay una desatención generalizada.
Cada cierto tiempo la naturaleza nos recuerda su poder. Y quienes realizaron su tarea con juicio, responsabilidad y ética, logran sobrepasar los embates de los terremotos; y quienes le hicieron esguinces a las normas legales y técnicas, son corresponsables de las tragedias y la justicia debería actuar en consecuencia.
Ojalá los alcaldes de todos estos municipios afectados dejen de ser tan condescendientes y apliquen las normas, intervengan las viviendas que no llenan lo requisitos de seguridad, promuevan proyectos habitacionales en sitios seguros y desalojen a quienes viven en zonas de riesgo. Algunos de esos funcionarios que deben tomar decisiones, piensan más en los negativos efectos electorales de sus acciones y evitan actuar en consecuencia. Ojalá recapaciten.
*Economista y periodista
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