Por Humberto Tobón*
Sin excesos, sin espectáculo y con un gran pragmatismo, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que su plan de desarrollo se volcará esencialmente a cumplir y fortalecer las metas que estén correlacionadas con el propósito de reconstrucción del departamento.
Una decisión oportuna y acertada. Priorizar las metas y redireccionar los recursos que apuntan a la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física, es un aporte sustancial, que de todas maneras necesita ayuda externa.
Se requieren muchos más recursos de los que hoy dispone el gobierno departamental en su presupuesto, o de aquellos que provienen de las transferencias del sistema de regalías, el sistema general de participaciones, el desahorro del Fonpec y el aumento de los cupos de crédito. Los nuevos dineros tendrán que llegar provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, según se desprende del decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, donde se declara la situación de desastre en Colombia por un periodo de doce meses.
Este Fondo será el encargado de manejar los recursos para la respuesta y recuperación del desastre y desde allí se girarán las transferencias económicas a los entes territoriales, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012.
Es aquí donde se requiere una coordinación adecuada, para que se puedan definir las prioridades de la inversión de los recursos y estos no se dispersen. “No se puede permitir que se cometan errores en los procesos de planeación y ejecución”, le ha dicho el mandatario risaraldense a su equipo de gobierno.
El gobernador Patiño Ochoa ha señalado que la reconstrucción es un desafío de los próximos diez años para Risaralda y su éxito dependerá de la planeación que se realice hoy, enfatizando que las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.
El gobierno de Juan Diego Patiño dará el banderazo de arranque con el modelo de intervención, que ojalá se convierta en una política pública de mediano plazo, que los próximos dos gobiernos territoriales deban acatar y para ello la presencia de las veedurías ciudadanas será fundamental para que no se desvíen las metas ni se dispersen los recursos.
*Economista y periodista
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