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| Foto: Gobernación de Risaralda |
El gobernador de Risaralda pasó de la atención de la emergencia a una estrategia de reconstrucción que combina vivienda, infraestructura, educación y recuperación económica, mientras reclama completar el registro de damnificados.
Un mes después del terremoto del 10 de agosto, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa enfrenta una de las mayores emergencias de la historia reciente de Risaralda: 73.087 familias afectadas, 5.535 viviendas destruidas y 63.609 averiadas.
El sismo dejó 111 personas fallecidas, 77 desaparecidas, 588 heridas y 274 rescatadas, con afectaciones en los 14 municipios del departamento.
Pero la respuesta comenzó desde las primeras horas. Cientos de toneladas de ayuda humanitaria han sido entregadas a las familias damnificadas, entre mercados, agua, panela, kits de aseo, elementos de abrigo y otros suministros.
Ahora, el desafío cambió. La prioridad de Patiño es pasar de la atención de emergencia a una reconstrucción que permita recuperar viviendas, infraestructura pública, escuelas, centros de salud y la capacidad productiva del departamento.
Volver a Casa: el primer frente
Una de las principales apuestas del gobernador es “Volver a Casa”, estrategia que desplegó más de 60 especialistas en los 14 municipios para diagnosticar las viviendas afectadas y determinar las soluciones que requiere cada familia.
El proceso comenzó con $50.000 millones de regalías para atender a más de 2.000 hogares. Posteriormente, el monto administrado por la Gobernación fue ampliado a $80.000 millones, destinados a proyectos de vivienda y educación.
La administración departamental anunció inicialmente 110 viviendas nuevas, mientras Patiño solicitó elevar la meta a 150.
A esto se suman 908 mejoramientos de vivienda anunciados por el Gobierno Nacional, con una inversión cercana a $30.000 millones, y un Banco de Materiales por $14.000 millones para apoyar la reparación de hogares.
La dimensión del problema muestra por qué los recursos deberán multiplicarse: la rehabilitación de las viviendas averiadas tiene un costo estimado de $2 billones, calculado sobre 18 salarios mínimos por solución.
El RUD, una pelea para que nadie quede por fuera
Para Patiño, la reconstrucción no puede comenzar sin saber con precisión quiénes resultaron afectados.
Por eso ha solicitado al Gobierno Nacional permitir la reapertura o ampliación del Registro Único de Damnificados (RUD), con el propósito de que las alcaldías y la Gobernación puedan completar la caracterización de las familias.
El punto es determinante: el RUD es la base oficial para establecer quiénes fueron afectados y orientar buena parte de las soluciones. El gobernador busca que ninguna familia quede excluida por las limitaciones del proceso de registro.
Una reconstrucción con gerencia y recursos
Patiño también ha impulsado una coordinación directa con el Gobierno Nacional y el sector privado para acelerar la reconstrucción.
En esa tarea ha articulado acciones con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), cuyo director es Carlos Andrés Ríos Puerta, y con el Fondo Milagro, cuya gerencia general está a cargo del empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo.
El Fondo Milagro estableció en Pereira un centro regional de operación y contempla líneas de trabajo para los próximos meses: diagnóstico técnico, demolición y retiro de escombros y recuperación económica mediante capital semilla.
La iniciativa cuenta con una partida inicial de $2.000 millones provenientes del DAPRE y $1.400 millones de recursos privados.
A esto se suma la destinación de $13.694 millones por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para apoyar la atención directa de damnificados y soluciones temporales de vivienda.
Escuelas, hospitales y vías: la otra reconstrucción
La emergencia no terminó en las viviendas.
El terremoto afectó 44 centros de salud, 291 sedes educativas, 157 vías y puentes, 37 acueductos, 46 centros comunitarios y un aeropuerto.
En los 12 municipios no certificados del departamento existen 510 sedes educativas urbanas y rurales, con 42.778 estudiantes matriculados. De ellas, 113 cuentan con concepto favorable de habitabilidad para el retorno a la presencialidad.
En Pereira, además, se ha trabajado sobre la situación de las instituciones educativas que presentan daños, con el objetivo de garantizar el regreso de los estudiantes bajo condiciones de seguridad.
La propia infraestructura institucional de la Gobernación también resultó afectada. De las 12 edificaciones registradas, 11 presentan afectaciones, mientras el CRUE de Pereira permanece pendiente de completar información de matrícula y área. La afectación registrada equivale al 91,7 %.
La reconstrucción de estas edificaciones tiene un costo estimado de $335.000 millones, frente a un valor asegurado por terremoto de $75.000 millones. La brecha alcanza $261.000 millones, equivalente al 77,6 % del valor estimado de afectación sin cobertura de seguro.
Recuperar el campo para proteger la economía
Patiño también puso la recuperación del sector cafetero en el centro de la estrategia.
Risaralda cuenta con 19.134 familias cafeteras y 687 veredas cafeteras. Los equipos técnicos han realizado 3.467 visitas a fincas y han llegado a 469 veredas. Quedan 218 pendientes de diagnóstico.
El sector tiene además una característica que explica su importancia social: el 93 % de las fincas cafeteras tiene menos de cinco hectáreas.
Risaralda ocupa el segundo lugar nacional en productividad, con 22,5 sacos de café de 60 kilos por hectárea al año.
Para proteger esa economía, se articuló el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera, con recursos por $4.000 millones, una estrategia que busca garantizar la recolección y proteger una actividad cuyo impacto económico supera los $700.000 millones.
La cosecha moviliza alrededor de 35.000 recolectores, entre ellos 13.000 provenientes de otros departamentos.
Reconstruir sin detener a Risaralda
El terremoto golpeó a un departamento de 1.006.785 habitantes, que antes de la emergencia registraba una pobreza multidimensional de 4,9 %, la tercera más baja del país, y ocupaba el cuarto lugar nacional en el Índice Departamental de Competitividad, con 6,35 puntos.
Por eso, para Patiño, reconstruir no significa únicamente levantar las viviendas destruidas. También implica evitar que la emergencia frene la economía, proteger el empleo rural, recuperar la infraestructura y aprovechar la reconstrucción para fortalecer sectores como el turismo y la actividad productiva.
Un mes después del sismo, el gobernador ha puesto sobre la mesa recursos, equipos técnicos, vivienda, educación, infraestructura y recuperación económica. Y mantiene una exigencia ante el Gobierno Nacional: completar la caracterización para que ninguna familia damnificada quede por fuera de las soluciones.
La emergencia dejó una factura enorme. La reconstrucción apenas comienza.
Ahora el reto es volver a levantar viviendas, escuelas, centros de salud, vías y medios de vida, pero también recuperar la confianza de miles de familias que esperan volver a casa.
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