Todos los seres humanos son iguales en dignidad y en derechos. El desarrollo no solo de una sociedad, sino del colectivo global, se debe medir de acuerdo a la capacidad que tengan los países para que los habitantes de su territorio vivan en condiciones que les permitan desarrollar sus potenciales de vida. Pero la realidad actual está lejos de cumplir este propósito; por el contrario, según el informe de 2019, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en el mundo hay 1.300 millones de personas que viven en situación de pobreza multidimensional.
Adicionalmente, en el último año, como consecuencia de la pandemia esta situación se ha incrementado exponencialmente. Un ejemplo que permite ilustrar el deterioro de vida de poblaciones cada vez más extensas es lo que sucede en Haití, el país más pobre de América. Las últimas estimaciones indican que el 80 % de su población se encuentra en la pobreza, con una economía frágil que depende casi exclusivamente de la agricultura.
La situación de los haitianos se ha agravado por la inestabilidad política y la violencia que se vive en su país. El asesinato reciente del presidente Jovenel Moïse no ha hecho más que encrudecer una situación social insostenible, razón por la cual gran número de sus habitantes migran hacia el norte, especialmente hacia EE. UU. y México. Para llegar a estos lugares donde esperan alcanzar sus sueños, tienen que atravesar sitios peligrosos, en los cuales muchos han muerto o han sido explotados por inescrupulosos que se aprovechan de su condición migratoria.
En la travesía hacia su destino final, deben permanecer temporalmente en países como Chile, Costa Rica, Colombia o Panamá, donde son vistos no como seres humanos que requieren solidaridad y apoyo, sino como un problema de seguridad o salud pública. La socióloga chilena María Emilia Tijoux dice lo siguiente con respecto al trato estigmatizante que sufren los haitianos en su país: “La comunidad haitiana ha sido especialmente castigada y sometida a maltratos y abusos de todo tipo”.
En Colombia, el trato que reciben en Necoclí, municipio del Urabá antioqueño, es igualmente denigrante. Las autoridades municipales han dicho que los 20.000 haitianos que han llegado a esta región en 2021 se han convertido en un problema de orden público, porque han colapsado los servicios básicos y provocan temor entre los turistas.
Por otro lado, ante la presión que ejercen en la terminal de Cali, el gerente de Mi Terminal, Ivanov Russi, ha afirmado que “se debe establecer un corredor humanitario temporal para estas personas, porque si no encuentran mecanismos para viajar, pueden decidir quedarse viviendo en las ciudades del occidente de nuestro país”. Dura realidad la que padecen: sin posibilidades de tener una vida digna en Haití y estigmatizados en los países receptores donde buscan un mejor horizonte para sus vidas.
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