jueves, 27 de octubre de 2022

Latrocinios sin límite alguno

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

En pasados días la comunidad de los centros poblados de Altagracia y Arabía efectuaron un plantón cerrando la vía que los comunica con el área urbana de la ciudad a la altura de la variante de Condina. Los pobladores reclaman en

primer lugar de la alcaldía, cumplir su obligación de un mantenimiento integral de la vía, cuya carpeta asfáltica colapsó en gran parte de su recorrido, en segundo lugar, exigen, la ampliación de algunos tramos donde se presentan accidentes, por lo que se demanda la instalación de señalización y luminarias. Ese mismo día, la comunidad del sector del Cóngolo tenía prevista otra protesta, pero fue abortada por la intervención de funcionarios del municipio, que hicieron promesas de programas de mejoramiento de los carreteables, igual   como lo hicieron con los habitantes de Altagracia y Arabia.  

El deterioro y deficientes especificaciones de casi toda la red vial secundaria y terciaría, es una infame muestra de la falta de programas efectivos por parte de la Secretaria de Infraestructura en la atención de condiciones viales seguras con circulación fluida, velocidad adecuada y transitabilidad frente  a los permanentes  deslizamientos de taludes, caídas de rocas; situaciones que exigen la rehabilitación de  estructuras externas que forman parte de la red vial que ya  cumplió su vida útil.  Terminado por demostrar, que la mediocridad es su impronta.  

No obstante que la Secretaría de Infraestructura dispone de significativo presupuesto de funcionamiento e inversión y una división operativa que está  dotada con volquetas y maquinaria de obras públicas y 135 trabajadores oficiales que costaron en 2021 la suma de $16.410 millones de pesos; el gasto es ineficiente, pues mucho del equipo amarillo permanece dañado ante la ausencia de un programa de mantenimiento efectivo, lo que implica que gran parte del personal de obreros y operadores de maquinaria especial no desempeñan sus funciones y son asignados a otras labores como al esquema de seguridad del alcalde, conducir vehículos livianos, mensajería, apoyo jurídico, ayudantes de oficinas, apoyo programas de habitantes de calle y adulto mayor, entre otras. Nuestras obras públicas están en un completo abandono y deterioro, no solo la malla vial, también las instalaciones educativas, andenes, espacio público como puentes vehiculares.

La labor de Infraestructura se ha concentrado en la ejecución de grandes proyectos de obras públicas. Para la muestra el cable aéreo, que, con graves problemas de planeación y estudios pertinentes, ha mostrado el alto grado de improvisación en su operación. Un dato, las estaciones de pasajeros fueron valoradas inicialmente en $26.816 millones y terminaron costando $50,038 millones, o sea $23.222 millones adicionales. Igualmente, se ha sabido que el contratista está en proceso de reclamación de sobrecostos por $32.000 millones. O qué decir de la funesta obra del intercambiador de Corales, todo un mega fracaso, por la que nadie responde, y donde los estudios contratados en el 2015 con el Consorcio SIETE- PLANES, fueron arrojados al cesto de la basura y hoy la ciudad paga un alto costo por su inutilidad. Todos los proyectos finalmente demandan mayor plazo y cuantiosos recursos a los inicialmente planeados.

No existe un programa de mantenimiento de vías, estructuras, edificios y otros, serio y responsable, que le permita a la alcaldía establecer los costos de mantenimiento y lo pueda comparar con los beneficios de adelantar proyectos nuevos, en todo caso como elemento de planificación e inversiones, la toma de decisiones adecuadas y/o por lo menos jerarquizar las mismas en bienestar de la población.

Pereira paga un alto costo por la ausencia de organismos de control eficientes y una ciudadanía que participe  como veedora de  los proyectos que las administraciones se imaginan para satisfacer su infinito ego, desplegando  un abultado gasto público con la perversa intención de montarle negocios a terceros y no para solucionar nuestros graves problemas en materia de atraso de nuestras obras públicas, apareciéndose  con excusas de que no hay recursos disponibles para construir un plantel educativo digno a  los estudiantes de Caimalito, cuyo actual edificio está ubicado en zona de inundación y en probado riesgo de colapso; la corrupción y latrocinio de recursos públicos campea sin control y límite alguno.   

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