El sex-appeal de las Cámaras de Comercio

Foto archivo: Alerta Caribe

Claus Adara – desde el Caribe

Cuando estamos a días de elegirse miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio en Colombia, surgen a lo largo y ancho del país, cuestionamiento a las funciones que cumplen estos organismos privados, que ejercen algunas funciones

públicas, y que se convirtieron, con el paso del tiempo, en verdaderos fortines políticos y en estructuras económicas muy poderosas, sin que el Estado sea capaz de controlarlas.

Según el código de comercio, ellas deben ser órganos que protejan el interés del comercio ante el gobierno, responsabilidad que no cumplen. Tampoco realizan investigaciones económicas que sirvan de guía para tomar decisiones de inversión. Eso sí, están prestas a llevar el registro mercantil y a amenazar a quienes no lo tengan o no lo renueven, con multimillonarias sanciones pecuniarias.

Las cámaras de comercio, en vez de proteger a los comerciantes e impulsar el sector, tienen el negocio de tribunales de arbitramento, certificación de actos y documentos, organización de ferias, talleres y conferencias, y firma de contratos con los gobiernos locales y territoriales.

Sus directivos son escogidos por un escaso número de afiliados, que pagan para poder tener derecho a voto, algo inconcebible desde el punto de vista democrático, pero entendible desde la estrategia de controlar un negocio altamente rentable. Lo aceptable sería que todos los inscritos puedan votar, pero eso no ocurre.

Sobre el derecho al voto, el expresidente del Congreso, Juan Guillermo Angel, cuyo bisabuelo y abuelo fueron promotores de la Cámara de Comercio de Pereira hace 96 años, denunció que este organismo en su ciudad sólo tienen derecho al voto 189 empresarios y que cada miembro de junta se elige con entre 17 y 30 votos.

Pero lo más grave del caso, es que en esta cámara de comercio, se han violado todos los procedimientos legales para la elección del presidente ejecutivo, además de impedirse, con estrategias bastante reprochables, que empresarios diferentes a los que han detentado el poder desde hace varios lustros, se presenten a las elecciones.

Un grupo de empresarios jóvenes presentó una lista, llenó los requisitos que la Cámara les indicó, pero esta omitió referirles todos los documentos, un acto de evidente mala fe, lo cual los dejó por fuera del juego.

Lo que ocurre con la Cámara de Comercio de Pereira, ya lo hemos vividos aquí en el Caribe. Recuerden el escándalo hace diez años en Barranquilla, y hace solo dos meses lo que pasó en Montería, donde fue destituido el presidente de esta organización. Algo similar se ha visto en Villavicencio y en Bogotá. 

El gobierno colombiano debería quitarles a las cámaras de comercio el ejercicio de la función pública del registro mercantil y tomarlo para sí, como lo hace con el registro de propiedades de bienes inmuebles.

Sin el registro mercantil, las cámaras de comercio no serían atractivas para nadie, porque les quitan su sex-appeal, el dinero.