Por Uriel Escobar Barrios, M.D.
El universo es un gran sistema que se rige por leyes. Según los últimos estudios, está conformado por cerca de 2 billones de galaxias, y en una de ellas se encuentra el planeta Tierra, donde habitan 8.7 millones de especies (6.5 millones en la tierra y 2.2 en los océanos).
Todo el andamiaje cósmico funciona con una precisión que es dictada por una serie de principios a los cuales se deben someter tanto las estrellas como los organismos vivos. El humano está sujeto, por supuesto, a esos mismos principios, que le permiten la supervivencia durante su ciclo vital. En la historia de la civilización siempre han existido hipótesis y teorías que tratan de explicar las relaciones entre las leyes del universo, las de la especie humana y cómo se da esta interacción entre unas y otras para ser aplicadas en las organizaciones humanas.
Corrientes filosóficas como el estoicismo o como las impulsadas por Platón, Aristóteles, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, han contribuido a que se legisle sobre los derechos de las personas en el contexto de las naciones o los Estados.
¿Es posible que los derechos de las personas se puedan asimilar a los principios de la ley natural? Una corriente doctrinal que se ha denominado el iusnaturalismo sostiene que los seres humanos tienen derechos que se corresponden con las leyes naturales y que son superiores, precedentes, independientes e inalienables; y con independencia del sitio donde viva la persona se le deben preservar porque son parte inherente a su condición y son dados por pertenecer a esta especie.
Contraria a esta concepción se encuentra el iuspositivismo, que sostiene que las normas y derechos son creados por el ser humano con un propósito en particular. Estos son establecidos por el Estado como una de las formas de mantener la cohesión en la sociedad y responden a necesidades colectivas que deben ser reguladas por leyes. Una concepción intermedia plantea que la legitimidad de las leyes escritas depende en última instancia de la observancia que tenga en su redacción y aplicación con el derecho natural.
Lo cierto es que el ser humano tiene derechos de orden natural que deben ser preservados por las naciones y los estados, como un requisito previo y fundamental para alcanzar el desarrollo social. El derecho positivo debe reconocer que todos somos iguales en dignidad y derechos, y bajo ninguna circunstancia puede ser admisible un trato distinto por asuntos relacionados con las normales diferencias individuales como el sexo, la etnia, el sistema de creencias, la situación socioeconómica o por pertenecer a una determinada región o Estado.
Discriminar o estigmatizar a una persona por cualquiera de las características ya mencionadas es un indicador del grado de evolución de una sociedad: aceptar a los demás de manera incondicional y reconocernos fraternalmente como iguales es el gran salto evolutivo que debe dar la civilización humana actual. ¡Conviértete en agente activo de esta nueva realidad!
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