viernes, 30 de diciembre de 2022

No más explotación laboral

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

“Mire el desespero de la gente, usted cree que es justo una navidad y uno si un peso por que a muchos nos sacaron $559.000 de una, por la estampilla de adulto mayor, turismo y Solidaridad por Colombia, de un bendito mínimo que uno se gana y de ahí se paga salud, pensión y A.R.L., nos quedan $870.000 y

encima le sacan todo eso de una, con obligaciones en casa y nada queda para navidad, se desespera cualquiera”, esto me escribió una trabajadora de servicios generales de una institución educativa del municipio de Pereira, refiriéndose a la situación de ella y sus compañeros y, del trabajador que se quitó la vida en el despacho del gobernador del departamento hace pocos días. “Está política de mierda nos va llevar a todos al suicidio”, agrego al final.

La semana pasada también se conoció la situación de 170 mujeres que prestan servicios generales en las instituciones educativas del municipio, las cuales laboraron hasta el 19 de diciembre con la firma Outsourcing Seasin Ltda., contratista de la secretaria de Educación Municipal, la cual al momento de informar la terminación de sus contratos laborales no les canceló los 19 días laborados en diciembre, prima y liquidación. Situación esta que llama poderosamente la atención, pues el intermediario laboral debe demostrar que tiene capital de trabajo que garantice el pago oportuno de todas sus obligaciones laborales, o sea que no funciona la interventoría del contrato, al final se convierten en cómplices. Son contratos de letra muerta.

Se conocieron también las protestas de los trabajadores de la salud que laboran en el Hospital San Vicente de Paúl en Santa Rosa de Cabal, que piden la terminación del contrato de intermediación laboral con la firma Soluciones Efectivas Temporal SAS, por las violaciones a sus derechos laborales, al poner en peligro su salud mental y física. Exigen también al gerente de esta institución prestadora de salud, velar para que se garanticen y respeten sus derechos humanos y laborales.

Llama poderosamente la atención que en uno de los carteles de protesta se exprese: “Los salarios de los trabajadores del hospital son fruto del duro trabajo que hacemos, no son para los políticos. El trabajo es un derecho, ningún político puede amenazarnos con despidos”. Lo anterior muestra que no solo es la ausencia de un contrato para estos trabajadores de la salud, que garantice el derecho a recibir unas cesantías, primas, vacaciones y horas extras, sino que los tienen en las garras de políticos chanchulleros. Dejamos constancia que en Santa Rosa el actual alcalde fue elegido contra la politiquería y la corrupción, o sea que es de los buenos.

La situación laboral en Colombia es desastrosa, no solo la alta tasa de informalidad laboral, trabajadores por cuenta propia, intermediarios laborales dedicados a robarse los salarios de los trabajadores, entidades públicas vinculando a empleados y trabajadores mediante la figura del contrato de prestación de servicios, sabiendo de antemano que le está arrebatando derechos laborales, trabajando bajo condición de amenaza del concejal o diputado de turno o percibiendo un salario que no se corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo.

Nuestra fuerza trabajadora recibe poco salario, no le pagan a tiempo, son obligados a trabajar muchas horas, dominicales y festivos, con poco descanso y sin pago de recargos. Siempre están debiendo dinero por pasajes, comida o vivienda. La mayoría explotados por políticos deshonestos y obligados a conseguir votantes y garantizar su reelección. Estamos a la espera de la promesa del gobierno de un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud, modificación del contrato de prestación de servicios y obligar a entidades públicas a vincular trabajadores de servicios generales mediante contrato laboral. Que cese la explotación laboral.

Nota: Esta columna es responsabilidad directa de su autor

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