FOLIOS

 NO MÁS IMPUESTOS

Carlos Humberto Isaza

Por CARLOS HUMBERTO ISAZA

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2021 se calculó en 314,1 billones de pesos, lo que significa un incremento de 42 billones con respecto al de 2020 (ver incremento), no obstante que el de la vigencia de 2020, fue de 263 billones, de los cuales solo se ejecutaron el 77% de las partidas asignadas a inversión (ver inversión).

La siguiente tabla muestra la serie de los incrementos porcentuales de los Presupuestos Generales de la Nación entre 2000 y 2021 y la de los incrementos de la inflación entre el mismo período.

EVOLUCIÓN DEL P.G.N. DE COLOMBIA 2000-2021

AÑOS	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN BILLONES DE PESOS)             (ver presupuestos)	INCREMENTO    PORCENTUAL ANUAL DEL PGN (ver evolución)	INCREMENTO DE LA                     INFLACIÓN               FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA (ver inflación)
2000	46.6	10.83%	8.75%
2001	54.9	11.71%	7.65%
2002	62.9	11.45%	6.99%
2003	65.6	10.42%	6.49%
2004	76.6	11.67%	5.50%
2005	91.6	11.98%	4.85%
2006	105.3	11.49%	4.48%
2007	116.4	11.05%	5.69%
2008	125.7	10.79%	7.67%
2009	140.4	11.16%	2.00%
2010	148.2	10.55%	3.17%
2011	147.2	-0.92%	3.73%
2012	165.2	11.22%	2.44%
2013	185.6	11.23%	1.94%
2014	199.8	10.76%	3.66%
2015	216.2	10.82%	6.77%
2016	210.4	-0.97%	5.75%
2017	224.4	10.66%	4.09%
2018	235.6	10.49%	3.18%
2019	258.9	10.98%	3.80%
2020	271.1	10.47%	1.61%
2021	314.1	11.58%
	PROMEDIOS:	10.00%	4,77%

Mientras el crecimiento del índice de inflación de los 21 años de la serie analizada ha sido, en promedio, de 4,77%, el incremento del Presupuesto General de la Nación, para el mismo período, ha sido del 10% anual. O sea que, para esa serie, el incremento anual del PGN ha sido de 209% con respecto al incremento de la inflación.

Los Presupuestos Generales de la Nación son la suma de lo que se requiere para sostener al Estado; sea por la vía de los impuestos, las tasas, las contribuciones, los empréstitos y las rentas (utilidades) de los bienes de propiedad de todos. En síntesis, el PGN es el producto de lo que entre todos aportamos a una bolsa común con la cual se atienden las deudas y los gastos del Estado y se financian las inversiones y la corrupción.

Surge una pregunta que válidamente nos podemos hacer todos los colombianos: ¿Qué hace el Estado con los recursos adicionales que se le han incorporado a las arcas oficiales y que constituyen la diferencia entre el incremento vegetativo o anual de la inflación y el incremento anual del Presupuesto?

 En palabras sencillas, cada año, además de incrementarse el presupuesto nacional en el porcentaje de la inflación del año anterior, se produce una especie de ‘aumento tributario’ que -al menos en los 21 años de la serie analizada-, corresponde a un 5,23% del presupuesto del año anterior y que para el caso del año 2021, fue de 14 billones 178 mil millones de pesos de más; lo que equivale al doble de la última reforma tributaria. (NOTA: Aclaro que no me estoy refiriendo al gobierno Duque, para generar un debate político, sino para traer a colación las cifras del último año, pues ha ocurrido durante todos los gobiernos).

Actualmente se está cocinando una nueva Reforma Tributaria, para recaudar recursos orientados a mitigar los efectos de la crisis provocada por el Covid-19 y para supuestamente reactivar la economía. Nada se dice del principal rubro: la financiación de la corrupción, la cual, quiérase o no, está presente en todos los presupuestos.

Valga recordar que los colombianos que tributamos, hemos venido haciendo un esfuerzo enorme por la vía de las distintas fuentes que nutren el Presupuesto General de la Nación; pues, en promedio, estamos incorporando al presupuesto, un 5,23% adicional al monto de la inflación, cada año.

Los colombianos soportamos unas cargas impositivas excesivas, en comparación con los criterios ‘retributivo’ y ‘distributivo’ que constituyen los dos principales ‘usos’ o ‘fines’ de los impuestos que recaudan los estados. Lo anterior, sin contar las cargas impositivas de las administraciones territoriales, cada vez más gravosas.

En Colombia, en virtud del artículo 34º de la Constitución, no existe la pena de ‘confiscación’. Y, si está prohibida como ‘pena’, ha de entenderes, obviamente, que con mayor razón está proscrita como mandato legal, más aún si no media una conducta sancionable.

Parece un axioma irrefutable que cuanto menor sea la presión fiscal, más empleo se genera, mayor riqueza se consigue y menos pobreza se acumula. Porque la presión fiscal, cuando sobrepasa los límites razonables, no solo se convierte en una confiscación velada, sino que también es la fórmula más ineficaz para crear empresa y fomentar empleo.

Más de cien países -hasta ahora-, han considerado que para salir de la honda crisis que actualmente afecta al planeta, es preciso reducir e, inclusive, abolir impuestos (ver rebajas) Alemania e Italia, han considerado necesario rebajar los impuestos para evitar las recaídas en sus economías (ver recaída). A la vez, miles de gobiernos locales y regionales de muchos países hacen lo mismo, con el ánimo de impulsar la reactivación y generar alivios a sus ciudadanos.

El Estado colombiano es enorme. Una enormidad que se acentuó con la creación de nuevas instituciones como la Fiscalía, la Defensoría, la Contaduría, la Auditoría, las Comisiones Reguladoras, algunas Superintendencias, el Consejo de la Judicatura y los Tribunales de Justicia y Paz. Posteriormente, con la creación de cinco nuevos ministerios y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y, últimamente, con la creación de diecisiete Agencias Estatales, las cuales cumpen las mismas funciones de la administración central del Estado. Todo lo anterior además de los contratos de prestación de servicios existentes en las diferentes instancias públicas.

Durante el pasado debate presidencial (2018) se utilizó el slogan ‘estado derrochón’(sic), para significar que los gastos de funcionamiento del gobierno son excesivos y que se trata de una estructura costosa y derrochadora. Pero muy poco o nada se ha hecho para producir algún grado de desmonte o de ahorro. Tan es así que cada año el PGN se incrementa en más del doble de la tasa de inflación y, no obstante, seguimos acumulando faltantes para financiar los gastos del gobierno; pues existiendo la ‘regla fiscal’, Colombia tuvo un déficit que podría superar el 8% del PIB para la vigencia de 2020 (ver déficit). ¡Increible!

Según fuentes difundidas por el diario económico La República, Suramérica es la región con la más alta tasa de tributación del mundo y Colombia, a su vez, es la cuarta de la región, con lo que se ubica entre las Top del mundo, con una carga total contributiva del 71,3% (ver carga contributiva).

 Por consiguiente, es razonable tener en cuenta las anteriores consideraciones al momento de abordar, en serio, el debate sobre la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de impulsar una nueva Reforma Tributaria, orientada a obtener más recursos de los ciudadanos para financiar los gastos del Estado. 

No todo lo que es legal es justo y no todo lo legal es lo que más conviene. Las expectativas del inmediato futuro y, en particular las de los países en vía de desarrollo, pueden verse seriamente comprometidas por cuenta de los efectos de la pandemia y de políticas alcabalera que hagan impagables las cargas tributarias e imposible la reconstrucción de los aparatos productivos; lo que, además, puede ser fermento para la agitación social, como respuesta deseperada de los ciudadanos frente las políticas gubernamentales asfixiantes.

Hay un dicho muy popular pero muy diciente: ‘amor con hambre no dura’ Este es un llamado a la dirigencia pública para que no abuse de la ‘mansedumbre’ de los ciudadanos.

chisaza@yahoo.com

12 de febrero de 2021