sábado, 6 de marzo de 2021

 Alcaldía  y Gobernación, dos poderes en contraposición por desalojo en Puerto Caldas 

Un total de 250 familias del corregimiento de Puerto Caldas fueron desalojadas y sus viviendas destruidas por parte de la Secretaría de Gobierno de Pereira, en cumplimiento de una orden judicial de la Corregiduría del sector por tener la condición de invasores y porque impedían el desarrollo del proyecto Tren de Occidente, y por donde cruzarán las líneas del ferrocarril. 

Las familias llevaban allí varios años y de acuerdo con la Alcaldía el terreno ha sido invadido en cuatro oportunidades. El desalojo se cumplió de manera pacífica.

Según boletín de la Alcaldía de Pereira hubo acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Comisaría, Secretaría de salud y Delegado de Derechos Humanos de la Personería de Pereira, con el fin de no vulnerar los derechos de las personas que habitaban esos predios, cumpliendo a cabalidad con los estándares establecidos legalmente. También dio cuenta de la presencia de funcionarios de la Secretaría de Salud para determinar si los desalojados tenían Covid.

En esos términos todo parece que salió a la perfección, pero en la práctica queda un drama humano visto por dos actores de poder en contraposición y con una visión completamente distinta. Por un lado la Alcaldía de Pereira haciendo cumplir la medida sin anestesia, a raja tabla, como dicen por ahí, y sin ninguna opción para las familias que hoy no saben para dónde coger. Nada de asistencia alimentaria, ni una opción de techo, sin ninguna contemplación por aquello de que "dura es la ley pero es la ley". 

El desalojo fue pacífico y la policía dio tiempo para que la gente sacar sus cosas.

Por lo menos la cara social de la Alcaldía de Pereira no se vio, solo el cumplimiento de la recuperación de los 46.000 metros cuadrados que era lo que importaba. Esa postura le ha llovido críticas al alcalde de Pereira Carlos Maya, y a su administración porque actuó sin corazón, dicen. Otros en cambio aplauden la medida porque muchos, bajo la necesidad de la gente, promueven la invasión de terrenos como negocio económico y político, práctica que, estiman, no se debe dejar tomar  carrera porque la ciudad se desordena y que en tal sentido se debe ejercer la autoridad, como efectivamente se dio.

El otro sector de poder en contraposición a la Alcaldía, con una postura completamente distinta en este conflicto, es la Gobernación de Risaralda. En la práctica no está de acuerdo con el manejo del desalojo porque no se le dio opción a la gente de una vivienda o al menos de un albergue temporal, sobre todo porque el caso se da en medio de una pandemia. 

La Gobernación de Risaralda no lo ha dicho expresamente, ni se ha enfrentado abiertamente a la Alcaldía, pero con sus actos lo demuestra de manera tácita. “Me duele enormemente lo que está pasando”, “solos no los vamos a dejar”, son frases del gobernador Víctor Manuel Tamayo, como para significar que si Maya no lo hizo él lo hará.

La Gobernación inició la entrega de ayudas y se dolió de la situación de las familias

El Gobernador apenas se dio cuenta del desalojo, y al ver las imágenes, desplegó toda la artillería social para atender las familias. En una primera brigada, entregó alimentación para 250 familias y asistencia en salud, y sigue en el terreno haciendo el acompañamiento social según cuenta la administración departamental. Además el mandatario seccional ha instado al párroco de Puerto Caldas para que albergue por algunos días a familias por un tema de humanidad ya que, literalmente, están en la calle.

Además, el Gobernador está haciendo gestiones, según lo dijo, para acondicionar algunos albergues para familias que hoy están viviendo una situación infrahumana, deambulando en el sector en donde los más afectados son los niños y las mujeres en embarazo. "Si hay que pagar yo pago", expresó Víctor Manuel Tamayo a quien tradicionalmente se le ha catalogado de asistencialista.

Como nos contaba alguien, la intención del mandatario Tamayo no es pelear con Maya, pero en el palacio gris creen que el Alcalde sí debió dar alternativas de solución temporal a las familias y no echarlas a la suerte. Por eso decimos que son dos actores de poder en contraposición, aunque no se vean la cara frente a frente.

Extensión de terreno desalojado y que había sido invadido hacía varios años.

Mientras tanto, la comunidad está siendo organizada por líderes del corregimiento y de otros sectores de la ciudad de Pereira, y preparan para la próxima semana una marcha de protesta frente a la Alcaldía de Pereira en procura de soluciones. 

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