Municipios pobres, con gente muy pobre

Piojó - Atlántico (Foto: Thega Producciones)

Por Claus Adara – Desde el Caribe

Decían hace unos días algunos funcionarios de Planeación Nacional, que la casi totalidad de los municipios de Colombia eran de quinta y sexta categoría. Para ser precisos, el 94% de los municipios sólo tienen recursos propios para pagar la nómina, pero ni un peso para hacer inversiones. 

Imagínense ustedes que en el Atlántico hay municipios como Piojó, Suan y Usiacurí, que tienen entre cinco y nueve mil habitantes, casi el 90% de ellos viviendo en la más absoluta pobreza, donde no cuentan con acueductos ni alcantarillados y sus calles son en tierra. Se pregunta uno, ¿cuál es la razón de que existan esos municipios?

Y si por aquí en el Caribe llueve, en departamentos como Chocó no escampa. En este territorio hay municipios como San José del Palmar, Sipí y Juradó, que tienen alrededor de cuatro mil habitantes y el gobierno local no posee el dinero para funcionar administrativamente.

Lo impresionante del tema, por ejemplo, es que la alcaldía de un municipio como Murindó en Antioquia, el tercero más pobre de Colombia, donde el 97,8% de la población vive en condiciones infrahumanas, la ley lo obliga a que tiene que tener una nómina básica: alcalde, personero, jefe de control interno, tesorero, secretarios de gobierno, hacienda, desarrollo social y planeación, además de directores de salud, educación y Umata. Y como si fuera poco, tiene nueve concejales a los que les paga en promedio casi dos millones de pesos mensuales.

Y como Murindó, hay centenares de municipios que no deberían tener una estructura administrativa tan compleja y ser regentados desde las gobernaciones o asociarse para reducir costos.

Muchos dirán que no se puede restringir la democracia local. Pero qué tipo de democracia es que los pocos dineros que entran a las arcas de una alcaldía sólo sirvan para cubrir su funcionamiento, pero no se puedan atender las necesidades de las gentes ni sea posible financiar el desarrollo económico ni la infraestructura del territorio.

Los alcaldes de municipios de tercera a sexta categoría deberían seguir siendo elegidos popularmente y tener una nómina muy básica para prestar los servicios públicos y la atención hospitalaria. Sin embargo, las funciones administrativas en temas como salud, educación, tesorería, contabilidad y hacienda tendrían que ser operadas desde un esquema asociativo territorial, como una asociación de municipios. El control interno sería asumido departamentalmente y habría un único personero para todo el esquema asociativo. Además, se podría pensar en un plan de desarrollo supramunicipal.

Todo esto requiere una modificación constitucional y legal, para que haya un reacondicionamiento de la estructura del Estado y no se siga con la entelequia de una organización burocrática que no tiene cómo operar y unos ciudadanos abandonados a su suerte en municipios muy pobres.

Allá en Risaralda, donde se publica El Blog del Ministro, también hay municipios que son inviables como Pueblo Rico, Mistrató, La Celia y Balboa. Revisen y verán.